Comité Pro-Casa Villa Chalinga se querelló contra ex directiva por apropiación indebida de dineros

“Maka estoy en la PDI, yo ya estoy dando mi declaración y le estoy dejando claro al Inspector que soy sólo yo la responsable. Acá la responsabilidad es mía”, habría escrito la ex presidenta, al reconocer la apropiación indebida. El monto defraudado asciende a los $103.869.000.

Este lunes 13 de enero, el Comité Pro-Casa Villa Chalinga, presentó ante el Juzgado de Garantía de Illapel, una querella criminal por el delito de apropiación indebida de dineros, contra dos ex miembros de la directiva. Este martes, el Juzgado de Garantía de Illapel declaró admisible la querella.

El Comité se conforma por más de 100 familias con necesidad de vivienda. Su actual presidente es Roberto Salvador Espinoza Vega. En tanto, la acción judicial busca acreditar y castigar la responsabilidad penal de dos ex miembros de la directiva: S.A.M.M. de 40 años, ex presidenta y N.E.M.V. de 37 años, ex tesorera, en calidad de autoras de los delitos de apropiación indebida contemplado en el artículos 470 Nº 1 del Código Penal.

De acuerdo al escrito judicial, “a fin de realizar el respectivo proyecto habitacional, se adquiriría un terreno ubicado en el Sector Chalinga, Comuna de Salamanca, el cual cuenta con una superficie de 16.000 metros cuadrados”.

Los dineros fueron aportados por los miembros del Comité, desde el año 2012 a a la fecha, en una cuenta bipersonal del Banco Estado. A dicha cuenta sólo tenían acceso la presidenta y tesorera, imputadas en la causa. “Dichos fondos no podían ser retirados por la directiva sin el acuerdo expreso del Comité”.

¿Está realmente el dinero?

En junio de 2019, algunos socios del comité citaron a la presidenta para que diera cuenta de su gestión financiera. Ya circulaban algunos rumores señalando que los dineros fueron girados sin autorización de la Asamblea. Días antes, la presidenta expuso copia de las cartolas de saldo de la cuenta bancaria, pero varios socios dudaron de su veracidad.

El día 31 de julio un grupo de socios se darían cita en el banco -junto a la presidenta- para verificar el estado de cuenta, mediante el retiro de una cartola de saldo. Pero ella no llegó. Programaron un nuevo encuentro para el día siguiente, y tampoco llegó.

El mismo día -1 de agosto de 2019- mientras esperaban a la presidenta afuera del banco, una de las socias recibió un mensaje de la presidenta por medio de la aplicación WhatsApp, que decía textual: “Maka, estoy en Illapel, vine a hacer una wea bien hecha, y a ver a un abogado”, ante este mensaje, doña Makarena Cortés le pregunta dónde está, a lo que la querellada responde: “Maka, voy llegando a la PDI”, para luego agregar: “Maka estoy en la PDI, yo ya estoy dando mi declaración y le estoy dejando claro al Inspector que soy sólo yo la responsable. Acá la responsabilidad es mía, Nancy y Johana no saben nada”, finalmente agregó: “Algo me queda – (de dignidad) – por eso estoy autodenunciándome”.

El mismo día se citó a Asamblea General, la presidenta no llegó a dar explicaciones, y los socios decidieron elegir una nueva directiva. Una vez que la nueva directiva pudo acceder a la cuenta bancaria, solo habían $ 22.000.

El monto

“La actual directiva, ha logrado comprobar documentalmente (mediante los respectivos comprobantes de pago de cuotas de los socios y socias) que fueron entregados a las querelladas por concepto de cuotas por el terreno, la suma de $103.869.000 (ciento tres millones ochocientos sesenta y nueve mil pesos), incluso esta suma asciende a $134.960.000 (ciento treinta y cuatro millones novecientos sesenta mil pesos), cuando se consideran las entregas de dinero que los socios y socias han señalado haber efectuado por mano a las querelladas, pero que no recibieron comprobantes materiales, dineros que han sido apropiados de manera indebida por la querellada en el periodo comprendido 2011 y el 01 de agosto de 2019. Debemos señalar que este monto podría seguir aumentando por cuanto hay información que la querellada no ha entregado respecto de otros pagos recibidos por éstas”, señala el escrito.

El comité solicitó a través de la Querella (causa 62-2020), instruir las diligencias para esclarecer con exactitud los hechos, a la Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile. En los próximos días, funcionarios de la PDI podrían solicitar declaración a las imputadas por el delito de apropiación indebida.

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