La investigación forense proporcionará, si es necesario, los medios probatorios para sustentar eventuales procesos penales.

Con el objetivo de esclarecer la situación financiera de la Municipalidad de Salamanca, el Concejo Municipal aprobó, en una votación dividida, la contratación de una auditoría forense. La propuesta tiene como finalidad investigar las irregularidades que han llevado al municipio a acumular una deuda de 7 mil millones de pesos, posicionándolo en un estado de déficit.

La iniciativa fue presentada por la directora de SECPLAN, Alexandra Urrutia, quien explicó que esta auditoría externa busca fortalecer la institucionalidad, la probidad y la transparencia en la gestión municipal. Además, destacó la importancia de asegurar que todas las operaciones y procedimientos del municipio cumplan con la legalidad y las normas establecidas.

A diferencia de una auditoría institucional realizada por Contraloría, esta auditoría externa forense será ejecutada por una empresa privada especializada en análisis exhaustivos y técnicas criminalísticas, avalada por organismos estatales. En caso de ser necesario, también permitirá perseguir responsabilidades penales y presentar pruebas ante tribunales.

Durante la sesión, los concejales José Peña, Jacqueline Briceño, Ángel Barraza y Franco Cereijo votaron a favor de la contratación. En contraste, los concejales Carlos Cepeda y Manuel Cuevas optaron por una auditoría realizada por Contraloría.

Respecto al presupuesto y la duración del proceso, SECPLAN realizó cotizaciones con empresas de auditoría avaladas por el Ministerio de Hacienda, estimando un plazo de ejecución de 2 a 3 meses, considerablemente menor al tiempo que requeriría un análisis realizado por Contraloría, que podría extenderse hasta 3 años. Además, se destacó que esta decisión cumple con lo estipulado en el artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece un plazo de 120 días tras el inicio del período alcaldicio para tomar este tipo de acuerdos.

El acuerdo se tomó en la sesión ordinaria N.º 2 del 15 de enero, encabezada por el alcalde Carlos Lillo, con el objetivo de realizar una investigación técnica que permita recopilar evidencias sobre posibles irregularidades económicas, garantizando un uso adecuado de los recursos públicos.