El Juzgado de Garantía de Illapel comunicará este lunes la conclusión del proceso contra Gerardo Rojas Escudero por falta de evidencia suficiente para una acusación formal.

Este lunes 22 de abril de 2024, a las 12:30 horas, se llevará a cabo una audiencia presencial en el Juzgado de Garantía de Illapel para comunicar la decisión de no perseverar en el procedimiento contra el alcalde de Salamanca, Gerardo Rojas Escudero. Esta decisión se fundamenta en el artículo 248 c) del Código Procesal Penal, que permite cerrar la investigación cuando no se han reunido suficientes antecedentes para fundar una acusación.

La causa judicial comenzó en abril de 2018, cuando la abogada Vinka Pusich Camacho, representando a la Municipalidad, se querelló contra Rojas Escudero por los delitos de “malversación de caudales públicos” y “aplicación pública diferente de los fondos públicos”. Posteriormente, el 25 de mayo de 2022, se presentó una nueva querella por el abogado Rodrigo Avendaño, en representación del concejal Omar Álamos Calderón, aportando nuevos antecedentes para la investigación.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella basada en el Informe Final N° 955 de la Contraloría General de la República, que evidenciaba severos perjuicios económicos a la Municipalidad de Salamanca. Esta querella fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Illapel el lunes 14 de noviembre de 2023.

Los hechos descritos en la querella incluyen el uso indebido de una tarjeta de crédito institucional entre diciembre de 2015 y octubre de 2016, donde Rojas Escudero, en su calidad de alcalde, realizó gastos no justificados que ascendieron a $5.453.785. A pesar de un depósito posterior realizado por Rojas para intentar eximirse de responsabilidad, este no fue considerado oportuno ni justificativo de los gastos incurridos.

Además, se identificó un faltante de al menos $1.440.123.796 en los fondos del convenio “Salamanca Viva, Viva Salamanca”, una discrepancia que no pudo ser justificada por las cuentas municipales y que se presume fue malversada.

En respuesta a estos hallazgos, el CDE solicitó diversas diligencias investigativas, incluyendo la declaración de varios testigos y la revisión de la documentación relevante para determinar la extensión de los daños financieros y las responsabilidades correspondientes.

Esta audiencia representa un momento crucial en la determinación de las acciones legales a seguir y en la búsqueda de justicia para los recursos públicos presuntamente malversados.