Consejo de Defensa del Estado presentó querella contra Gerardo Rojas por malversación de caudales públicos

La causa judicial se inició en abril de 2018 cuando la abogada Vinka Pusich Camacho, en representación de la Municipalidad, se querelló contra Gerardo Rojas Escudero por los delitos de “malversación de caudales públicos” y “aplicación pública diferente de los fondos públicos”. El 25 de mayo de 2022, el abogado Rodrigo Avendaño, en representación del concejal Omar Álamos Calderón, presentó una nueva querella, disponiendo diversos antecedentes para la investigación.

Ahora, el Consejo de Defensa del Estado, servicio público a cargo de la defensa judicial de los intereses del Estado, y en base al Informe Final N° 955 de la Contraloría General de la República, presentó la querella por malversación de caudales públicos, en base a diversos hechos que provocaron severos perjuicios económicos a la Municipalidad de Salamanca.

Ayer -lunes 14 de noviembre- el Juzgado de Garantía de Illapel, declaró admisible la querella criminal interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), contra el alcalde de Salamanca, Gerardo Rojas Escudero, y de todos aquellos que resulten responsables, por el delito de malversación de caudales públicos.

La querella, deducida por el Abogado Procurador Fiscal La Serena, Carlos Vega Araya (CDE), se basa en los antecedentes dispuestos en el Informe Final N° 955, de 2017, de la Contraloría General de la República.

En la querella, se describen dos hechos constitutivos de delito:

Uso de la tarjeta de crédito institucional

Entre el 28 de diciembre de 2015 y el 26 de octubre de 2016, el querellado, en su calidad de Alcalde de la comuna de Salamanca, “realizó gastos con cargo a la tarjeta de crédito institucional que figuraba a su nombre”. Los gastos eran pagados mensualmente con cargo automático a la cuenta corriente N° 13909015337, de “Fondos Ordinarios Municipales”. En total, los gastos efectuados ascienden a $5.453.785. De acuerdo al informe de la Contraloría, los gastos no se justificaron mediante documentación de respaldo.

“Respecto del hecho descrito en el numeral primero […] estimamos que le ha cabido responsabilidad al querellado Sr. Rojas Escudero en calidad de autor, toda vez que, en su calidad de funcionario público, es posible presumir fundadamente que sustrajo los recursos mencionados al utilizar la tarjeta de crédito municipal entre el mes de diciembre de 2015 y octubre de 2016, que le fue entregada para fines exclusivos del municipio y en su calidad de Alcalde de la comuna de Salamanca”.

En relación a este hecho, el 04 de noviembre de 2020, Gerardo Rojas efectuó un depósito en efectivo a las arcas municipales, “pretendiendo con ello, al parecer, eximirse de responsabilidad en el juicio de cuentas seguido en su contra”, sostiene Carlos Vega. “Dicha circunstancia no afecta la imputación que se ha efectuado, pues el querellado no ha justificado los gastos incurridos mediante el uso de la tarjeta de crédito municipal y, por lo demás, dicho depósito no se realizó oportunamente, sino, con posterioridad al inicio de la presente investigación penal”, señala el Abogado.

Saldo faltante de, a lo menos, $1.440.123.796

En el Informe Final N°955, la Contraloría Regional de Coquimbo constató que, al 31 de diciembre de 2016, período cuya máxima autoridad correspondía al querellado, el saldo disponible del convenio “Salamanca Viva, Viva Salamanca”, suscrito entre la empresa Minera Los Pelambres y la referida municipalidad, debía ascender a $1.885.583.213, mientras que la información de la cuenta de Fondos Ordinarios Municipales consignaba un saldo de $445.459.717, generándose una diferencia de, a lo menos, $1.440.123.796, que no se encontraban en dicha cuenta corriente.

“Respecto del hecho descrito en el numeral segundo […] estimamos que también configura el delito de malversación de caudales públicos, previsto y sancionado en el inciso tercero del art. 233 del Código Penal, en relación con el artículo 238 del mismo cuerpo normativo. En efecto, resulta evidente que este hecho ha transgredido el objeto protegido a través del citado tipo penal, a saber, el mantenimiento de los recursos públicos patrimoniales y su correcta gestión, presumiéndose fundadamente que han sido sustraídos de manera definitiva por él o los funcionarios municipales a cargo de los mismos”.

Diligencias

El Consejo de Defensa del Estado solicitó diversas diligencias investigativas al Ministerio Público. Se solicitó que la Policía de Investigaciones cite a declarar en calidad de testigo a la Fiscal Instructora del Sumario Administrativo y a los funcionarios encargados de cumplir las instrucciones impartidas en virtud del Informe Final de la Contraloría General de la República. Además solicitó investigar toda la documentación relacionada con dicho informe.

Entre las diligencias que se solicitaron la PDI, está tomar declaración al personal administrativo del Departamento de Educación Municipal (DAEM), ya que, en la cuenta corriente de Educación se registra un saldo faltante de, a lo menos, $1.137.260.794, por concepto de subvenciones de educación.

Alejandro Jara en calidad de imputado

El Consejo de Defensa del Estado solicitó tomar declaración, en calidad de imputado, a Alejandro Jara Díaz, entonces Director de Control de la Municipalidad de Salamanca, en orden a su intervención en la visación de los decretos de pago correspondientes a desembolsos por concepto de arriendo de camiones y retroexcavadora de propiedad de su hijo, hermano y actual pareja.

Buscan determinar si la Municipalidad se pronunció respecto a los proyectos sometidos a EIA

Por último, se solicitó oficiar a la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo, para que informe sobre todos los proyectos presentados por Minera Los Pelambres, sometidos a procesos de evaluación de impacto ambiental, entre 2004 y 2016, “informando sus resultados y, especialmente, si la llustre Municipalidad de Salamanca emitió pronunciamiento sobre los mismos”.